Las reformas aprobadas modifican el Código Penal para clasificar formalmente como lesiones calificadas a los ataques provocados mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas o cáusticas que tengan la capacidad de dañar tejidos humanos, así como aquellas agresiones que provoquen mutilaciones o afecten órganos genitales o glándulas mamarias.
Asimismo, el dictamen establece que, en aquellos casos donde las autoridades acrediten la intención del agresor de privar de la vida a la víctima, se aplicarán las penas correspondientes al delito de tentativa de feminicidio u homicidio conforme a las normas penales vigentes.
En materia de salud pública, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a las instituciones sanitarias estatales a brindar atención médica oportuna y canalización a servicios especializados a quienes sufran estas agresiones, sin condicionarla a presentar una denuncia previa ante el Ministerio Público. Además, se garantiza la confidencialidad de la información clínica y la protección de los datos personales de las víctimas.
Para resolver el problema de la falta de cifras oficiales sobre estos casos, la ley aprueba la creación de registros estadísticos específicos y anonimizados tanto en el Instituto de Servicios de Salud (ISSEA) como en la Fiscalía General del Estado. Esto permitirá contabilizar adecuadamente los ataques y diseñar políticas públicas de prevención, sin imponer labores de investigación ministerial al personal médico.
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