SAN DIEGO, CALIFORNIA
Exenciones para comprar armas personales sin el periodo de espera obligatorio de 10 días han registrado un incremento significativo en la oficina del alguacil. La medida beneficia directamente a oficiales del condado desde que Kelly Martínez asumió su cargo oficial en el año 2023.
Registros públicos confirman que la administración actual ya autorizó más de 200 de estos permisos especiales en poco más de tres años. La cifra marca un contraste evidente con la política restrictiva aplicada por William Gore tras el caso de Marco Garmo. Aquel excapitán fue condenado por delitos federales vinculados directamente a la compra y venta ilegal de armamento.
Diversos sectores han cuestionado la entrega de estos permisos especiales dentro de la corporación policial durante los últimos meses de gestión. Varias exenciones para comprar armas fueron otorgadas a elementos del sistema penitenciario que habitualmente no portan equipamiento letal en sus funciones diarias.
La oficina del alguacil opera estas aprobaciones sin contar con una regulación escrita formal que estipule criterios claros para cada caso evaluado. A pesar de estos señalamientos, los voceros oficiales sostienen que todas las autorizaciones vigentes cumplen puntualmente con la legislación estatal de California.
El cambio de criterio administrativo comenzó a generar inquietud entre observadores ciudadanos y analistas de seguridad pública en toda la región fronteriza. Respecto al volumen de permisos otorgados, se ha dado a conocer que: “200 exenciones han sido aprobadas por la sheriff Kelly Martínez, algo que ha levantado cejas en varios lados.”
La ausencia de un protocolo por escrito mantiene abierto el debate sobre la supervisión interna del armamento personal adquirido por los agentes. Mientras tanto, las autoridades locales defienden la legalidad del procedimiento frente al incremento sostenido de las solicitudes tramitadas.
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